Una vez más, coincidiendo con un proceso de licitación de gran envergadura, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) vuelve a ser objeto de denuncias públicas. Empresarios, a través del abogado Juan Antonio Capellán, han señalado presuntas irregularidades en la adjudicación de cocinas para el almuerzo escolar, hablando de cobros millonarios y de “cocinas que no existen”. El patrón se repite: cada vez que el INABIE abre licitaciones importantes para alimentación o utilería escolar, aparecen las mismas acusaciones.
Es importante ser claros. Controlar a todos los directivos y personal de una institución de la magnitud del INABIE es imposible. Nadie puede descartar de antemano que en algún nivel existan pedidos o cobros de coimas. Eso es una realidad de cualquier estructura grande del Estado. Pero de ahí a que el proceso completo esté viciado o a que se demuestre una ilegalidad generalizada hay una diferencia sustancial.
Las denuncias deben investigarse. Y no solo investigarse: la propia institución debe exponer, publicar y dar seguimiento público al curso del análisis de cada una de ellas. Transparencia real significa que el INABIE informe de manera clara y periódica qué se está revisando, qué hallazgos existen y qué medidas se adoptan. Ese es el estándar que debe exigirse.
El director ejecutivo, Rafael Adolfo Pérez de León, asumió el cargo en agosto de 2025. Ingeniero industrial egresado cum laude de la PUCMM, con maestría en Administración de Operaciones y formación en liderazgo público, llegó al INABIE tras cinco años al frente de Promese/Cal. Allí manejó presupuestos de miles de millones de pesos en compras de medicamentos y logística sanitaria. En esa gestión no se logró probar dolo alguno en su contra. Ese antecedente no es menor: llega a una de las instituciones más complejas del Estado —el Programa de Alimentación Escolar moviliza más de 30 mil millones de pesos anuales, beneficia a casi dos millones de estudiantes y opera a través de miles de proveedores en todo el territorio— con un historial de manejo de recursos públicos sin que se haya demostrado irregularidad personal.
La licitación más reciente del almuerzo escolar (períodos 2026-2027 y 2027-2028) contó con 2,644 oferentes, se desarrolló en 34 procesos simultáneos y concluyó con 1,729 adjudicaciones tras evaluaciones legales, financieras, técnicas y de debida diligencia. La institución ha defendido que las asignaciones se realizaron mediante criterios preestablecidos y mecanismos digitales.
El INABIE no es una oficina pequeña. Es uno de los procesos de compras más complejos del Estado dominicano. En estructuras de esta escala siempre pueden aparecer irregularidades puntuales. Eso no convierte automáticamente todo el proceso en fraudulento. La distinción importa.
Bajo gestiones anteriores también surgieron denuncias recurrentes. Algunas derivaron en resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas que anularon parcialmente adjudicaciones o ordenaron reevaluaciones. El patrón de acusaciones que coinciden con cada gran licitación no es nuevo. Lo que sí es nuevo es un director que llega de una institución igualmente compleja —Promese/Cal— donde no se pudo probar dolo en su gestión.
Las denuncias merecen respuesta. La mejor respuesta es que el propio INABIE investigue, analice y publique de forma abierta el curso de cada una de ellas. Mientras tanto, la institución sigue operando el programa de alimentación escolar que constituye una de las principales políticas de protección social del país. Ese es el camino correcto.
