El próximo 30 de marzo de 2025, las calles de Hoyo de Friusa, en Bávaro, podrían convertirse en el escenario de una marcha que promete agitar el panorama político dominicano. Organizada por el grupo Antigua Orden Dominicana, esta movilización se presenta como un clamor popular contra el deterioro de la seguridad, el avance del narcotráfico y el creciente número de inmigrantes haitianos en situación irregular. Sin embargo, detrás de esta fachada de indignación ciudadana, algunos ven una estrategia bien tejida para golpear al gobierno de Luis Abinader y, en particular, a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en un momento clave para el país.
La autorización de la marcha por parte del Ministerio de Interior y Policía no ha silenciado las sospechas. Faride Raful, al frente de la cartera, dio luz verde al evento con la condición de que se respete el orden público, una jugada que busca proyectar tolerancia democrática. Pero este gesto también ha puesto al descubierto las tensiones internas: permitir la protesta podría ser un arma de doble filo si termina desbordándose o siendo capitalizada por opositores. En un contexto donde la estabilidad es vital para el gobierno del PRM, cualquier paso en falso podría costarle caro a Abinader.
Lo que hace a Friusa un polvorín no es solo su realidad social, marcada por la inmigración y el auge económico del turismo, sino su potencial como símbolo de descontento. Los organizadores de la marcha han sabido tocar fibras sensibles, acusando al gobierno de haber cedido el control de la zona a intereses extranjeros. Este discurso, cargado de tintes nacionalistas, podría ser el anzuelo perfecto para movilizar a sectores descontentos y, de paso, erosionar la credibilidad de un presidente que ha hecho de la seguridad una bandera de su gestión.
Faride Raful, por su parte, emerge como un blanco evidente. Su rol como ministra la coloca en el centro de las críticas sobre la supuesta «anarquía» en Friusa. Si la marcha logra proyectar una imagen de caos o ineficiencia, su figura dentro del gobierno y del PRM podría tambalearse, abriendo la puerta a quienes dentro y fuera del partido buscan desplazarla. La coincidencia de la fecha con un hito histórico como la Batalla del 30 de Marzo no parece casual: es un guiño a la identidad nacional que podría amplificar el mensaje y las consecuencias.
Desde el Palacio Nacional, Abinader ha optado por desmarcarse del alarmismo. En declaraciones recientes, insistió en que la situación en Friusa responde a dinámicas económicas, no a una pérdida de autoridad, y defendió el derecho a la protesta como pilar de la democracia. Sin embargo, sus palabras no han acallado las teorías de que la marcha es un caballo de Troya impulsado por fuerzas que buscan desestabilizar su gobierno en un año donde las elecciones municipales y legislativas están a la vuelta de la esquina.
La opinión pública está dividida. En las calles y en las redes, hay quienes aplauden la iniciativa como un despertar ciudadano frente a problemas reales, mientras otros la descartan como un montaje oportunista. Lo cierto es que el evento tiene el potencial de convertirse en un termómetro político: si fracasa, será un alivio para el gobierno; si triunfa, podría encender una mecha difícil de apagar.
En el fondo, la marcha de Friusa plantea una pregunta incómoda: ¿es una expresión legítima de la gente o un golpe disfrazado contra Abinader y Raful? La respuesta dependerá de cómo se desarrolle y de quién logre sacar mayor provecho. Por ahora, el gobierno camina sobre una cuerda floja, y el 30 de marzo podría ser el día en que se revele si el equilibrio se mantiene o si todo se viene abajo.