**Santo Domingo, República Dominicana** – La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha tomado la vanguardia en la respuesta institucional al trágico incidente ocurrido el miércoles pasado en el sector La Barranquita de Santiago, donde cinco hombres perdieron la vida durante un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en una plaza comercial de la Avenida Olímpica. En un comunicado emitido desde su cuenta oficial en X, Raful anunció la suspensión inmediata de los agentes involucrados, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, enfatizando que «no habrá impunidad» y que se asumirán todas las responsabilidades que determine el proceso investigativo. Esta medida busca garantizar una pesquisa transparente en medio de las críticas por el uso de la fuerza letal en un área de alto tráfico peatonal.
Los fallecidos, identificados por la Policía como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias «el Charly o Charli Chasc»), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, sucumbieron a sus heridas en el Hospital Doctor Cabral y Báez de Santiago. Según el informe preliminar de las autoridades, el enfrentamiento surgió durante una persecución operativa, donde el grupo de civiles habría iniciado el tiroteo, dejando herido al cabo Yohandy Encarnación, quien permanece bajo atención médica. Un hombre, presunto objetivo principal de la operación, logró huir del lugar, lo que añade capas de complejidad a la reconstrucción de los hechos y ha intensificado el escrutinio sobre los protocolos policiales.
Raful ha reiterado que la investigación se llevará «hasta las últimas consecuencias», coordinando con la Procuraduría General de la República, cuya titular, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección de Persecución y a la fiscalía de Santiago para encabezar las indagatorias. Familias de las víctimas y organismos de derechos humanos exigen justicia y reformas urgentes para prevenir abusos, en un debate nacional que resalta la tensión entre seguridad pública y derechos fundamentales. Hasta ahora, no se reportan detenciones adicionales, y se anticipan avances preliminares en los próximos días, con el Ministerio de Interior y Policía comprometido a la rendición de cuentas.